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El Estado de Catástrofe Constitucional en la Región del Biobío, declarado por los incendios forestales del 18 de enero de 2026, venció el 18 de marzo de 2026. El presidente Kast debía decidir antes de esa fecha si lo extendía mediante decreto o lo dejaba expirar. El Estado de Catástrofe es el marco jurídico que habilita las medidas extraordinarias del Plan de Reconstrucción Nacional presentado en Penco el 14/03. Solo en esa comuna murieron 19 personas y quedaron afectadas cerca de 5.000 vivienda
El 18 y 19 de marzo de 2026, el Subsecretario de Bienes Nacionales Javier Peró Ovalle firmó las Resoluciones Exentas N°385 y N°386, eliminando respectivamente la Unidad de Género y Derechos Humanos (creada el 10/12/2025, Rex. N°887) y la Unidad Funcional de Pueblos Indígenas (creada en 2017, Rex. N°1534, modificada en 2020 y 2022). El gobierno argumentó que estos compromisos pueden ser abordados "transversalmente" y que la medida obedece a instrucciones de austeridad del Oficio Circular N°12 de
Retiro del proyecto de ley de negociación ramal que hubiera permitido la negociación colectiva por rama de actividad. Eje B: desmantelamiento silencioso de la agenda laboral del gobierno anterior. La arena sindical es clave para instalar el costo político de esta medida en la opinión pública.
Ejercicio simultáneo de 20 urgencias legislativas que ilustra el flood the zone en su versión parlamentaria: la batería supera la capacidad analítica de las bancadas opositoras. Mezcla Eje B (reversión de políticas laborales y ambientales) con Eje D (reformas constitucionales en migración y FF.AA.). Los 3 proyectos con Discusión Inmediata tienen plazo de 6 días hábiles.
Inicio de obras de infraestructura de control fronterizo en el paso Chacalluta. Eje A: ejecución de alta visibilidad que materializa la narrativa de 'Escudo Fronterizo'. El nivel MODERADO refleja que las obras en sí son reversibles; el riesgo mayor está en el impacto sobre el estándar de derechos de migrantes y solicitantes de asilo.
Proyecto de ley que empaqueta 40 medidas en un solo instrumento, dificultando el voto diferenciado. Incluye reconstrucción post-incendios (apoyo transversal) más reformas controvertidas: rebaja tributaria corporativa, ajuste a gratuidad universitaria, reformas de permisología. La estrategia recomendada es técnica (análisis artículo por artículo) para identificar medidas separables.
Oficio circular de Hacienda que instruye a todos los ministerios a identificar recortes por USD 3.800M. Eje D operando a través de instrumento administrativo simple para maximizar velocidad y minimizar escrutinio. El plazo ministerial vence el 20 de marzo: ventana inmediata para análisis técnico de impacto en programas sociales.
Anuncio presidencial de indultos a uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019. Caso paradigmático de combinación Eje A + Eje C: gesto de ruptura simbólica que simultáneamente amplía la discrecionalidad ejecutiva sobre el sistema de justicia. La ventana de respuesta es previa a la firma de los decretos.
Declaración política conjunta con EEUU sobre cooperación en minerales críticos. Eje D: sienta las bases para redefinir la política de recursos naturales estratégicos (litio, cobre) en función de la alianza con Washington. Aunque sin fuerza legal inmediata, genera compromisos políticos de largo plazo difíciles de revertir.
Operativo policial de gran escala con 2.905 detenidos. Eje A puro: alto impacto comunicacional que instala la narrativa de 'orden' en la primera semana de gobierno. El nivel MODERADO refleja que los operativos son reversibles; el riesgo mayor está en la normalización de detenciones masivas como herramienta de gestión del orden público.
Retiro de 40 decretos ambientales mediante oficio administrativo, sin debate ni tramitación. Ilustra el Eje B en su forma más pura: desmantelamiento silencioso de normativa que tardó años en elaborarse. El nivel CRÍTICO se justifica por la combinación de magnitud alta (parques nacionales, normas de emisión en zonas de sacrificio) con difícil reversión.
Instructivo que acelera los permisos ambientales para 51 proyectos por un valor de US$16.000M. Eje D: redefine los criterios de tramitación del SEIA, con efectos permanentes sobre la permisología ambiental. La arena recomendada es la Contraloría para verificar si la aceleración viola plazos legales de participación ciudadana.
Instructivo presidencial que ordena una auditoría de todos los organismos del Estado con foco en el gobierno anterior. Eje C: usa la auditoría como instrumento de control político más que de eficiencia administrativa. El riesgo es CRÍTICO porque las conclusiones de la auditoría pueden usarse para debilitar organismos independientes de fiscalización.
Decreto que designa al ministro Poduje como encargado de la reconstrucción post-incendios. Eje A: gesto de alta visibilidad que moviliza apoyo ciudadano. El nivel MODERADO refleja que la designación en sí misma es reversible; el riesgo real estará en las medidas concretas del plan de reconstrucción.
Decreto que crea el Plan Escudo Fronterizo con despliegue militar en zonas de frontera. Combina Eje A (impacto comunicacional de militarización) y Eje D (rediseño estructural del modelo de seguridad fronteriza). La arena DDHH internacional es clave dado el alcance de los estándares de derechos de migrantes.
Instructivo presidencial que establece el cierre fronterizo como política nacional. Combina Eje A (ruptura simbólica con gobierno anterior en materia migratoria) y Eje D (rediseño estructural del modelo de control migratorio). El nivel CRÍTICO se justifica por la combinación de magnitud alta (cierre de pasos habilitados, afectación de solicitantes de asilo) con difícil reversión una vez instalada la lógica operativa.
El 11 de marzo de 2026, el Ministerio de Energía (Oficio Ord. N°443/2026) solicitó a la Contraloría el retiro de cinco decretos (Decretos N°32/2025, N°46/2025, N°53/2026, N°54/2025 y N°1/2026) que buscaban corregir el mecanismo de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). Estos decretos apuntaban a ajustar el precio garantizado de US$80/MWh que reciben los PMGD —operados principalmente por BlackRock, Brookfield, JP Morgan, Macquarie, Antin y TPG— durante períodos de sobreoferta eléctrica
El 11 de marzo de 2026, en el marco del cambio de mando, los ministerios de Agricultura (ORD N°338/2026) y Vivienda y Urbanismo (Instructivo N°193) emitieron instructivos internos ordenando la suspensión temporal del despacho de documentación y la tramitación de nuevas adquisiciones, contrataciones y compras públicas. Excepción para documentos con plazos legales o urgencia de continuidad. Contrasta con el discurso de agilización y desburocratización del gobierno. Configura, junto al Oficio Circu
Decreto que crea la figura del Comisionado presidencial para la Macrozona Norte. Eje C puro: amplía la autoridad ejecutiva directa en el territorio, creando una cadena de mando paralela a las instancias institucionales existentes.