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El Congreso aprobó el proyecto que autoriza al gobierno a elevar la deuda pública en US$6.200 millones para 2026. La iniciativa —firmada por el ministro Quiroz con el reconocimiento de que era "lo que más le había dolido firmar"— cubre un déficit mayor al presupuestado y cerca de US$1.500 millones en pagos pendientes a proveedores del Estado. El monto de nueva deuda es casi idéntico al ajuste fiscal que el propio gobierno buscaba con sus recortes.
Seis diputados de la derecha y extrema derecha ingresaron una moción que modifica el Código Sanitario para que, antes de un aborto en tres causales, el médico deba ofrecer a la mujer escuchar el latido embrionario o fetal. El punto crítico: si la mujer se niega a escucharlo, el médico queda legalmente obligado a denegar el aborto. Presentado por sus autores como un refuerzo del "consentimiento informado" inspirado en leyes de estados de EE.UU. y en Hungría, organizaciones feministas y de salud lo califican de "chantaje", "coercitivo" y "violencia obstétrica".
El gobierno prepara un proyecto de ley para fusionar el Ministerio del Interior con la Secretaría General de Gobierno, concentrando en una sola cartera la coordinación política, programática y comunicacional del Ejecutivo. El biministro Claudio Alvarado, que ya encabeza ambas carteras, lidera el proceso, que no descarta incorporar también a la Segpres para crear la figura de un "supraministro", ni sumar futuras fusiones de Economía, Obras Públicas y Vivienda.
Ante un desempleo del 9,4% —con el femenino en 10,5% y el juvenil en 22,8%—, el gobierno convocó una mesa de nueve expertos presidida por el economista David Bravo, que el 30 de junio entregó un informe con 22 propuestas. Junto a medidas de cuidados y subsidios al empleo, el paquete concentra su núcleo más controvertido en la flexibilización de la regulación laboral: ampliar el margen de la jornada, reemplazar la indemnización por años de servicio, sumar causales de despido y permitir la reducción unilateral de horas y salarios en crisis. La CUT lo denunció ante la OIT como "una agenda encubierta de un nuevo plan laboral".
Al día siguiente de asumir, el gobierno firmó con Estados Unidos una declaración conjunta para iniciar consultas sobre el suministro de minerales críticos y tierras raras —con foco en el cobre y el litio—. La medida, profundizada en junio con la adhesión a la iniciativa "Pax Silica", marca un giro estratégico hacia Washington en la disputa global con China, principal comprador de los minerales chilenos, y abre interrogantes sobre el rol de las empresas estatales Codelco y Enami.
El gobierno ingresó al Congreso, con suma urgencia, un proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE) para permitir que los establecimientos vuelvan a seleccionar a un porcentaje de sus estudiantes según criterios de mérito. Presentada bajo la bandera de la "libertad de elección" y el fin de la "tómbola", la reforma reabre el debate sobre la selección escolar que la Ley de Inclusión de 2015 había eliminado, y que la oposición y expertos advierten como un riesgo de mayor segregación.
El proyecto de seguridad escolar impulsado tras el asesinato de una inspectora en Calama completó su tramitación en tiempo récord y fue despachado a ley el 2 de junio. Sin embargo, el 23 de junio el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales sus artículos más controvertidos: el condicionamiento de la gratuidad universitaria a no tener condenas, y la facultad de la policía para revisar a estudiantes sin orden de un fiscal. La ley se promulgará sin su componente más punitivo.
El gobierno ingresó indicaciones para destrabar el proyecto de Sala Cuna Universal, que busca eliminar la barrera del artículo 203 del Código del Trabajo —vigente desde 1917— que obliga a proveer sala cuna solo a empresas con 20 o más trabajadoras. El diseño elimina la obligación directa de las empresas y crea un fondo financiado con una cotización del empleador de 0,35%, pero compensada con una rebaja equivalente de su aporte al Seguro de Cesantía. La fórmula despertó críticas sindicales que la califican como un financiamiento "a costa de los propios trabajadores".
El gobierno ingresó a la Cámara el proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. Establece 33 conductas —desde el homicidio de un carabinero hasta rayados no autorizados o evadir el pago del transporte— cuya condena suma, a la pena penal, la suspensión de beneficios como la gratuidad universitaria, la PGU y el subsidio de arriendo.
Entre marzo y abril de 2026, Hacienda ejecutó recortes por $1,28 billones en 17 ministerios mediante decretos y oficios circulares que no pasaron por el Congreso. Salud perdió $413.000M, Vivienda $200.000M, Educación $197.700M y Trabajo $141.000M. El ahorro fiscal liberado sostiene la rebaja tributaria corporativa propuesta en la Ley Miscelánea.
Como parte de su Plan de Reconstrucción Nacional, el gobierno reactivó a través de la Tesorería General de la República el cobro de las cuotas morosas del Crédito con Aval del Estado. El gobierno prometió ir solo por los "deudores ricos", pero la ejecución alcanzó a sectores medios: 63 mil personas notificadas, embargos de cuentas bancarias y una recaudación que, según cálculos de prensa, se disparó cerca de un 300% en los primeros meses de 2026.
En su primera Cuenta Pública, el gobierno anunció una reforma a la Ley Indígena 19.253 para eliminar las restricciones que protegen las tierras indígenas y permitir que sean arrendadas e hipotecadas "en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía". La propuesta —que también reformula el proceso de consulta y el sistema de compra de tierras— toca uno de los núcleos más sensibles de la relación histórica del Estado con los pueblos indígenas y ha generado rechazo de comunidades y advertencias de expertos sobre el debilitamiento de la protección territorial.
El Ministerio de Vivienda publicó la Resolución N°685, que reduce en cerca de 60% el presupuesto del primer llamado 2026 del DS49 —el principal subsidio habitacional del Estado para familias vulnerables sin acceso a crédito hipotecario—. El recorte, ejecutado por vía administrativa sin debate parlamentario, deja el programa con 5.000 cupos para todo el año, muy por debajo de los 40.000 comprometidos, y golpea con especial dureza a la Región Metropolitana, Los Ríos, Biobío, Tarapacá y Antofagasta.
El Decreto 333 del Ministerio de Hacienda, firmado por el ministro Jorge Antonio Quiroz Castro el 24 de abril de 2026 al amparo del Oficio Circular N°12 (plan de ajuste fiscal del 'gobierno de emergencia'), reduce el presupuesto vigente del Ministerio de Salud en $413.193.467 miles. El recorte se distribuye principalmente en cuatro componentes: $259.512 millones a Fonasa (Atención Primaria, Prestaciones Institucionales, financiamiento por GRD y Programa Contingencias Operacionales), $147.716 millones a la Subsecretaría de Redes Asistenciales (incluye inversión sectorial), $3.864 millones a la Subsecretaría de Salud Pública, $1.898 millones al Instituto de Salud Pública y $203 millones a la Superintendencia de Salud. El mecanismo es atípico: el decreto rebaja gastos de funcionamiento de toda la red asistencial y se financia con 'Venta o Rescate de Títulos y Valores' (Depósitos a Plazo) por $434.993 millones, asignando la diferencia ($21.799 millones) al pago de IVA por Concesiones Hospitalarias.