El 23 de junio de 2026, el presidente Kast y la ministra de Educación, María Paz Arzola, firmaron en el Palacio de La Moneda un proyecto de ley que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE), el mecanismo centralizado que desde 2016 asigna las vacantes en los establecimientos públicos y particulares subvencionados. La iniciativa, ingresada con suma urgencia a la Cámara de Diputados, había sido anunciada por Kast en su Cuenta Pública del 1 de junio bajo la consigna de "devolver a las familias el valor del mérito".
El SAE nació con la Ley de Inclusión Escolar de 2015, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y eliminó gradualmente la selección académica, el financiamiento compartido y el lucro en los colegios que reciben recursos públicos. El sistema asigna los cupos mediante un algoritmo que considera cuatro criterios de prioridad —hermanos en el establecimiento, estudiantes prioritarios, hijos de funcionarios y exalumnos— y, cuando estos no aplican o hay empate, recurre al sorteo. El gobierno sostiene que ese mecanismo aleatorio dejó a miles de familias sin considerar el esfuerzo o el rendimiento: según sus cifras, cerca del 80% de los postulantes a colegios de alta demanda no cumple ningún criterio de prioridad, quedando sujeto al azar.
El proyecto reemplaza ese modelo por un esquema mixto con dos modalidades administradas por una plataforma única del Mineduc: "Elección Mutua", que habilita a los establecimientos con sobredemanda a seleccionar estudiantes mediante criterios objetivos —como el rendimiento académico, la cercanía geográfica o la adhesión al proyecto educativo, e incluso entrevistas y pruebas—, y "Asignación Aleatoria", que mantiene el sorteo para el resto. La adhesión al nuevo sistema es voluntaria: los colegios que no deseen participar podrán seguir en el modelo actual. La reforma contempla cupos protegidos para estudiantes del Sistema de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y para alumnos con necesidades educativas especiales permanentes.
Un matiz técnico relevante distingue el discurso de la norma: la "tómbola", que el gobierno declara querer eliminar, ya había sido suspendida antes de esta reforma. Para el proceso de Admisión 2026, el componente aleatorio fue reemplazado de forma transitoria por un algoritmo de variables fijas —que combina el RUN del estudiante con el código del establecimiento— mediante el Decreto 70 del Mineduc, tomado de razón por la Contraloría y elaborado por académicos de la Universidad de Chile y la Universidad Católica en cumplimiento de un compromiso de la Ley de Presupuestos 2025. Es decir, el azar como tal ya había sido reemplazado; lo que esta reforma modifica es el carácter no selectivo del sistema.
La reforma tiene implicancias que van más allá del mecanismo de admisión: reabre la discusión sobre uno de los pilares de la política educacional de la última década. La Ley de Inclusión de 2015 eliminó la selección escolar precisamente para reducir la segregación, bajo la premisa de que la facultad de los colegios de elegir estudiantes tendía a concentrar a los alumnos más aventajados en ciertos establecimientos y a excluir a los más vulnerables. Al devolver esa facultad, el proyecto revierte esa lógica, lo que expertos y sectores de oposición advierten como un riesgo de profundizar la segregación del sistema escolar. El carácter "voluntario" de la reforma atenúa el efecto en el discurso, pero en la práctica son los colegios más demandados —los que tienen sobredemanda— los que quedan habilitados para seleccionar, que son justamente donde se concentra la disputa por el acceso.
El debate de fondo enfrenta dos concepciones sobre el rol del sistema escolar: la que prioriza la libertad de elección de las familias y el reconocimiento del mérito, sostenida por el gobierno y respaldada por encuestas que muestran alta aprobación ciudadana a la idea de que los colegios puedan seleccionar (el 84% según la propia Encuesta del Mineduc); y la que prioriza la inclusión y la no discriminación como garantía de igualdad de oportunidades, que advierte que el mérito medido a los pocos años de edad reproduce desigualdades de origen. El uso del argumento del "fin de la tómbola" —cuando el azar ya había sido reemplazado administrativamente— sugiere que el objetivo central de la reforma no es tanto corregir el mecanismo de asignación como restituir la capacidad selectiva de los establecimientos, que es el cambio estructural de fondo.