El 25 de junio de 2026, seis diputados —del Partido Nacional Libertario, del Partido Republicano y de Renovación Nacional— ingresaron a la Cámara de Diputados una moción parlamentaria denominada "Escucha su corazón", que modifica el artículo 119 del Código Sanitario, el que regula la interrupción voluntaria del embarazo en Chile bajo las tres causales vigentes desde 2017 (riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación). El principal impulsor es el diputado Cristóbal Urruticoechea (Partido Nacional Libertario).
El proyecto establece que, antes de practicar un aborto, el médico deberá informar a la mujer si —según la edad gestacional— es detectable la actividad cardíaca del embrión o feto y, en tal caso, ofrecerle "de manera verbal y directa" la posibilidad de escuchar los latidos mediante instrumentos electrónicos. El punto que ha concentrado la controversia no es el ofrecimiento en sí, sino su consecuencia: aunque la mujer puede "declinar libremente" la oferta, el articulado instruye que si la paciente rechaza escuchar los latidos, el médico "deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo". En la práctica, aceptar la escucha se vuelve un requisito para acceder a la prestación. Tras las críticas, el autor confirmó a BioBioChile que actualizó la moción para excluir la causal de riesgo vital de la madre, aunque el documento alojado en la web de la Cámara aún mostraba la versión anterior.
Los autores defienden que la iniciativa robustece el consentimiento informado: sostienen que la existencia de actividad cardíaca es "un dato clínico objetivo y verificable" cuya comunicación mejora la calidad de la decisión, y citan como referencia legislaciones de estados de EE.UU. como Texas, Kentucky, Georgia, Misisipi y Arizona. El proyecto se inspira además en un decreto húngaro de 2022, del gobierno de Viktor Orbán. Urruticoechea fue explícito sobre su postura de fondo: valoró "cualquier tipo de proyecto que intente frenar la ofensiva" del aborto y afirmó que "haber convertido el crimen en ley en Chile a través de tres causales no es algo bueno".
Las críticas fueron transversales entre organizaciones de mujeres, de salud y figuras políticas. La exministra de la Mujer, Antonia Orellana, calificó el proyecto de "coercitivo" y advirtió que obligar a una mujer en situación de violación o inviabilidad fetal a escuchar el latido "puede tener un efecto coercitivo o de mucho dolor psicológico". La directora ejecutiva de la Corporación Miles, Javiera Canales, fue tajante: "Esto no es consentimiento informado, es presión disfrazada de información... si te preguntan '¿quieres escuchar su corazón?' y la respuesta correcta es una sola, entonces no es una pregunta, es chantaje". Desde el ámbito clínico, especialistas advirtieron que se trataría de "una forma de violencia obstétrica" y recordaron que la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología recomienda no exponer la actividad cardíaca embrionaria antes de las 11 semanas de gestación.
La implicancia central del proyecto es que, sin derogar la ley de aborto, introduce una barrera procedimental que puede volver impracticable el acceso a un derecho vigente desde hace nueve años. El mecanismo es indirecto pero efectivo: al condicionar el aborto a que la mujer acepte escuchar el latido fetal, convierte un acto voluntario de información en un requisito coercitivo, con un costo psicológico especialmente gravoso en los supuestos que la ley busca proteger —mujeres con embarazos inviables o producto de una violación—. Se trata de una estrategia de erosión por la vía del procedimiento, distinta de la derogación frontal, y que replica un modelo ya ensayado en jurisdicciones conservadoras de Estados Unidos y en la Hungría de Orbán.
Esta iniciativa se inscribe en una ofensiva más amplia de los sectores de derecha y extrema derecha contra la ley de tres causales, que incluye un proyecto paralelo de la bancada republicana para derogar directamente la causal de riesgo vital de la madre. La conjunción de ambos —uno que deroga una causal y otro que dificulta el acceso a las otras dos— configura un asedio legislativo a la ley de 2017 por múltiples frentes. Una precisión relevante para el seguimiento: este proyecto es una moción parlamentaria, no una iniciativa del Ejecutivo; de hecho, la ministra de la Mujer, Judith Marín, había declarado en mayo que el gobierno no impulsaría cambios a la ley de aborto porque "Chile ya zanjó esta materia". Esto significa que la ofensiva proviene del Congreso —de parlamentarios afines al gobierno pero actuando por cuenta propia—, lo que permite al Ejecutivo mantener distancia formal mientras la agenda conservadora avanza por la vía legislativa.