Descripción. Si el Estado revoca o un tribunal anula una RCA aprobada, el Ejecutivo deberá indemnizar y reembolsar los gastos del titular del proyecto. En paralelo, el plazo para invalidar permisos baja de 24 a 6 meses, y se limitan a 6 meses las medidas precautorias judiciales sobre proyectos ya aprobados. El SEA gana atribución para filtrar observaciones de organismos sectoriales.
Puntos clave
- Inversión protegida con cargo al erario público frente a fallos judiciales ambientales.
- Debilitamiento neto del rol fiscalizador del sector público en evaluación ambiental.
- Plazos extremadamente acotados para impugnar comprometen el derecho a la participación ciudadana.
- Reversibilidad ecológica baja: los proyectos ejecutados al amparo del nuevo régimen pueden generar daños permanentes.
Lectura política
Es uno de los componentes más graves de la Ley Miscelánea precisamente por la baja reversibilidad ecológica. El régimen propuesto invierte la lógica del SEIA: el riesgo de un proyecto mal evaluado lo soporta el Estado, no el titular. La arena de movilización ambiental es históricamente capaz de instalar costo político en este tipo de medidas; la arena parlamentaria es la que decide.