El 12 de marzo de 2026, un día después de asumir, el gobierno de José Antonio Kast firmó con Estados Unidos una Declaración Conjunta para el Establecimiento de Consultas sobre Minerales Críticos y Tierras Raras. El documento fue suscrito en La Moneda por el canciller Francisco Pérez Mackenna y el vicesecretario de Estado estadounidense Christopher Landau —parte de la comitiva que asistió al cambio de mando—, en presencia del presidente Kast. La declaración compromete a ambos países a establecer un mecanismo de consultas para fortalecer las cadenas de suministro, identificar proyectos conjuntos, gestionar la "chatarra" de minerales críticos y explorar mecanismos de financiamiento público y privado.
El acuerdo se enmarca en la estrategia de Estados Unidos —impulsada por la administración Trump— de reducir su dependencia de China, que domina más del 70% de la producción mundial de tierras raras y cerca del 90% de su procesamiento. En febrero de 2026, Trump había creado una reserva estratégica de tierras raras y minerales críticos por US$12 mil millones, y había declarado el cobre como elemento crítico. Chile, primer productor mundial de cobre y segundo de litio, aparece como un "socio preferente" en ese esfuerzo. Según fuentes del sector minero citadas por Diario Financiero, lo que Estados Unidos buscaría amarrar es el suministro de cátodos de cobre desde las fundiciones estatales de Codelco y Enami, para no depender de las fundiciones chinas.
Un matiz relevante surgió tras la firma: según Diario Financiero, el documento suscrito no habría sido el texto original —que contenía cláusulas y detalles más vinculantes—, sino una "declaración de intenciones" más acotada, luego de que el canciller no alcanzara a revisarlo en profundidad durante sus primeras horas en el cargo. La Tercera consignó que Estados Unidos pretendía un pacto más vinculante y que en Santiago solo consiguió una declaración de intenciones, a diferencia de los memorandos de entendimiento que había suscrito con otros once países. La primera ronda de consultas técnicas quedó fijada para quince días después de la firma.
El alineamiento se profundizó el 25 de junio de 2026, cuando Chile suscribió una nueva Declaración Conjunta sobre Inteligencia Artificial en el marco de la II Cumbre "Pax Silica", una iniciativa liderada por Estados Unidos para asegurar las cadenas de suministro de silicio y otros materiales críticos sobre los que se fabrican los chips. En paralelo, avanzó el proyecto de tierras raras de Aclara en Penco, que obtuvo aprobación ambiental, reforzando la posición de Chile en un mercado hasta ahora marginal para el país.
La medida tiene implicancias que exceden lo minero y marcan una definición geopolítica temprana del gobierno. Firmada al día siguiente de la asunción, expresa una decisión de acercar a Chile a Estados Unidos en la disputa tecnológica y de seguridad con China. El principal riesgo de fondo es que China es el principal socio comercial de Chile y el mayor comprador de sus minerales críticos: un alineamiento demasiado explícito con Washington podría exponer al país a represalias comerciales de Beijing, que ya ha usado los controles a la exportación de tierras raras como herramienta de presión geopolítica. El desafío para el gobierno, señalado por analistas del sector, es compatibilizar el giro hacia EE.UU. con la relación económica con China, sin que Chile quede atrapado en el fuego cruzado entre ambas potencias.
Una segunda implicancia recae sobre las empresas estatales. Si el objetivo estadounidense es asegurar el suministro de cátodos de cobre de Codelco y Enami, la política compromete a activos estratégicos del Estado en un esquema de largo plazo definido por prioridades de seguridad nacional de otro país, lo que plantea la pregunta de en qué condiciones y con qué grados de autonomía se negocian esos suministros. Finalmente, la circunstancia de que el documento firmado no fuera el texto original —por falta de revisión en las primeras horas del nuevo canciller— es un antecedente que conviene monitorear, porque sugiere que el alcance definitivo del compromiso aún se está definiendo en las rondas de consulta técnica, fuera del escrutinio público y parlamentario.