El 14 de marzo de 2026, al presentar su Plan de Reconstrucción Nacional en la Región del Biobío, el presidente Kast incluyó entre sus más de 40 medidas la implementación de nuevos mecanismos de cobranza del Crédito con Aval del Estado (CAE), el préstamo estudiantil garantizado por el Estado y administrado por la banca privada. El gobierno justificó la medida como parte de la contención del gasto público: "es una reconstrucción económica, porque necesitamos más recursos", afirmó el mandatario. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, precisó la estrategia: "el tesorero tiene instrucciones desde ayer de iniciar acciones de cobro a las personas más ricas que no están pagando".
En la práctica, la Tesorería General de la República (TGR) desplegó una operación de cobranza masiva sobre una cartera que, según sus propios datos, alcanza a 554 mil deudores por cerca de $4 billones. La TGR notificó a 63.165 deudores, demandó montos por $674.654 millones y aplicó medidas de cobro —incluyendo retenciones de la devolución de impuestos y embargos de cuentas bancarias— a personas con rentas superiores a $1,5 millones, por debajo del umbral de $5 millones que el gobierno había señalado como objetivo. El caso de embargos totales de cuentas se replicó por miles a comienzos de junio, generando denuncias en redes sociales.
El análisis de Nodo XXI, con datos de MINEDUC e Ingresa, cuestiona la justificación de eficiencia recaudatoria: cobrar a los deudores que ganan más de $5 millones recaudaría un máximo de $443 millones al año y recuperaría solo el 0,3% de la cartera. Según cálculos de prensa, la recaudación por cobranza del CAE se incrementó cerca de un 300% en los primeros meses de 2026. La respuesta social escaló: el 10 de junio se realizó una manifestación frente a la TGR, y la CONFECH anunció paros y tomas.
La cobranza forzosa del CAE condensa la contradicción central del programa económico del gobierno, Kast declaró inicialmente que cobraría a los deudores "ricos" por aprovecharse del sistema pero su administración terminó intensificando su cobro por la vía más agresiva disponible: el embargo directo de cuentas bancarias a través de la Tesorería a personas de todos los rangos salariales. La implicancia de fondo no está en el monto recaudado —marginal en términos fiscales, como muestra el análisis de Nodo XXI— sino en la señal distributiva. El mismo gobierno que solicita endeudarse en US$6.200 millones y que tramita una rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23% con invariabilidad garantizada por 25 años, despliega el aparato coactivo del Estado sobre deudores educacionales de ingresos medios y bajos. La brecha entre el discurso ("cobrar a los más ricos") y la ejecución (embargos a rentas desde $1,5 millones) es el punto más sensible: convierte una medida presentada como justicia fiscal en un mecanismo que recae sobre sectores que el propio sistema empujó al endeudamiento para acceder a la educación superior. La reacción estudiantil y de organizaciones de deudores instala esta medida como uno de los focos de conflicto social más activos del semestre.