A poco más de un mes de su primera Cuenta Pública, el gobierno de José Antonio Kast avanza en uno de los anuncios centrales de su agenda de modernización del Estado: la reorganización de los ministerios políticos de La Moneda. El Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley para fusionar el Ministerio del Interior con la Secretaría General de Gobierno (Segegob), la cartera encargada de la comunicación del gobierno y de su vínculo con la ciudadanía. El encargado de liderar el proceso es el biministro Claudio Alvarado, quien ya ocupa ambos cargos tras el primer cambio de gabinete y confirmó que la iniciativa ingresará al Congreso durante el segundo semestre de 2026.
El objetivo declarado es concentrar la coordinación política, programática y comunicacional bajo una sola estructura. En paralelo, La Moneda convocará a una comisión de expertos para que proponga una nueva arquitectura del Estado y evalúe otras fusiones ministeriales. La apuesta del Ejecutivo, sin embargo, va más allá de unir Interior y Segegob: en el Palacio también se estudia incorporar a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) a la misma cartera, lo que configuraría la figura de un "supraministro" encargado de coordinar simultáneamente la relación con el Congreso, las comunicaciones y la conducción política del gobierno. Entre las alternativas adicionales sobre la mesa figuran las fusiones de Economía con Minería y Energía, de Obras Públicas con Transportes, y de Vivienda con Bienes Nacionales, todas a la espera del análisis de la comisión de expertos.
La iniciativa ha recibido respaldo transversal en sus primeras señales. El diputado Mario Olavarría (UDI), de la Comisión de Gobierno de la Cámara, sostuvo que fortalecer el Ministerio del Interior es un paso lógico para mejorar la conducción política del Ejecutivo. Desde otro sector, el diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) compartió la idea de revisar la estructura ministerial y planteó que la Segegob perdió el sentido que tuvo en administraciones anteriores.
La fusión tiene implicancias que trascienden la eficiencia administrativa con que se presenta. Concentrar en una sola cartera —y potencialmente en un solo ministro— el control del orden público (Interior), la comunicación del gobierno (Segegob) y la relación con el Congreso (Segpres) supone una acumulación de funciones políticas sensibles en términos de contrapesos institucionales. La figura del "supraministro" reuniría atribuciones que el diseño actual mantiene deliberadamente separadas, y que abarcan desde la seguridad interior hasta la vocería oficial del Estado. La justificación de "modernización" y ahorro convive con un efecto de fondo: la centralización del poder político del Ejecutivo en un núcleo más reducido y con mayor densidad de atribuciones.
El alcance del proyecto, además, podría no detenerse ahí. La convocatoria a una comisión de expertos para rediseñar la arquitectura del Estado, sumada a la lista de fusiones adicionales en estudio, sugiere una reestructuración más amplia del aparato público cuyo diseño final aún no se conoce. Esa indefinición es en sí misma relevante para el seguimiento: se trata de una reforma estructural de vocación permanente cuyos límites no están establecidos. Existe, por último, una contradicción que la medida deja expuesta: un gobierno que justificó recortes y ajuste fiscal apelando a la reducción del tamaño del Estado crea, en paralelo, nuevos cargos de coordinación —como el comisionado para la Macrozona Norte— y concentra carteras, lo que abre la pregunta de si la "modernización" se traduce en un Estado más pequeño o simplemente en uno con el poder político más concentrado.