La Mesa de Reactivación Laboral fue constituida el 8 de mayo de 2026 por el ministro de Trabajo, Tomás Rau, y presidida por el economista David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. La integraron nueve expertos, entre ellos María José Zaldívar, Alejandro Micco, Cecilia Cifuentes, Claudia Martínez y María José Abud, con presencia de académicos de la Universidad de los Andes y del ESE Business School. Presentada por el gobierno como una "instancia técnica independiente", entregó su informe final el 30 de junio de 2026 con 22 propuestas agrupadas en cinco ejes: empleo femenino y cuidados, subsidios al empleo, capacitación, regulación laboral, e información del mercado laboral.
El diagnóstico que enmarca el informe es severo: 41 meses consecutivos con desocupación igual o superior al 8%, un desempleo general de 9,4% en el trimestre marzo-mayo —el peor desde 2021—, femenino en 10,5% y juvenil en 22,8%. Sobre ese cuadro, el ministro Rau destacó que las 22 propuestas fueron adoptadas de forma unánime por la mesa. El foco de la controversia, sin embargo, no está en el diagnóstico sino en la orientación de las recomendaciones: para la CUT y sectores de oposición, lo que el gobierno presenta como medidas técnicas dispersas configura, en conjunto, una reforma laboral no declarada que traslada el riesgo económico desde las empresas hacia los trabajadores.
Desglose crítico de las propuestas principales
Reemplazo de la indemnización por años de servicio (IAS). La propuesta evalúa eliminar gradualmente la indemnización por años de servicio y sustituirla por un "modelo a todo evento": un fondo de ahorro individual financiado con cotizaciones, retirable incluso en caso de renuncia voluntaria. La crítica de fondo, formulada por el abogado Juan Marcos Henríquez, es que esto desnaturaliza el derecho: la IAS existe como penalización al despido injustificado y como resguardo ante la desvinculación imprevista; al convertirla en un ahorro individual, deja de disuadir el despido y pasa a ser un mecanismo de autofinanciamiento de la propia cesantía. Además, quienes llevan muchos años en una empresa podrían recibir menos que bajo el sistema actual.
Extensión del cálculo de la jornada ("40 horas"). La mesa propone ampliar el período de referencia para promediar la jornada, desde las actuales 4 semanas hasta 52 semanas. El gobierno insiste en que no aumenta la jornada ordinaria ni revierte el tránsito a las 40 horas en 2028. La crítica sindical, expresada por José Manuel Díaz (CUT), es que "la primera pérdida es la certeza de los trabajadores de saber cuándo trabajan": con un banco anual de horas, el empleador puede concentrar semanas de alta carga —hasta el techo legal de 52 horas— y compensarlas después, erosionando la previsibilidad de la vida laboral y personal.
Reincorporación del despido por "falta de adecuación laboral". La propuesta 17, según el análisis del académico Reynaldo Lam, busca reponer esta causal de despido. Leída junto con la polifuncionalidad —la facultad de exigir al trabajador múltiples funciones—, abriría la puerta a terminar el contrato cuando la persona "no logre adaptarse" a las tareas que se le exijan, ampliando la discrecionalidad del empleador sobre cuándo y por qué puede despedir.
Reducción temporal de jornada ante crisis (modelo "Kurzarbeit" alemán). Permite a las empresas, ante contracciones económicas, reducir las horas de trabajo y pagar solo la parte proporcional, compensando las horas no trabajadas con recursos del Seguro de Cesantía. La objeción, planteada por El Despertar y por la senadora Beatriz Sánchez (FA), es que el costo de la crisis lo terminan pagando los trabajadores y el fondo solidario que ellos mismos financian, mientras el empleador se desliga de su responsabilidad salarial. Sánchez lo resumió: "en momento de crisis, que el empleador pueda bajar horarios y salarios de forma unilateral".
Contratos por hora y polifuncionalidad. La promoción del trabajo por horas, advirtió Díaz (CUT), puede ofrecer un mayor valor por hora atractivo para algunos, pero no garantiza estabilidad, indemnización, vacaciones, ni alimentación o locomoción, fragmentando el empleo protegido.
El eje analítico que ordena las 22 propuestas es una asimetría en la distribución del riesgo. Como sintetizó el análisis del académico Reynaldo Lam, las medidas fortalecen las atribuciones del empleador en tres dimensiones esenciales —qué trabajo puede exigir (polifuncionalidad), cuándo puede exigirlo (jornada flexible) y bajo qué condiciones puede terminar la relación laboral (nuevas causales, indemnización debilitada)—, mientras los riesgos y la incertidumbre se trasladan a quien trabaja. El patrón es coherente con otras medidas del período ya registradas en el Radar: al igual que en la Sala Cuna, el financiamiento o el costo del ajuste recae de forma recurrente sobre el Seguro de Cesantía, es decir, sobre el propio fondo de protección de los trabajadores.
La composición de la mesa es información política relevante: presentada como "instancia técnica independiente", está integrada mayoritariamente por economistas y académicos de centros de orientación pro-mercado (Universidad de los Andes, ESE Business School), lo que explica que el resultado priorice la flexibilización por sobre la inversión social o el fortalecimiento del empleo protegido. La CUT capturó esta lectura al denunciar ante la OIT que se trata de "una agenda encubierta de un nuevo plan laboral" que busca debilitar el rol de los sindicatos, y al advertir sobre el efecto económico de segundo orden: si los trabajadores —principales consumidores del país— pierden ingresos y certezas, se contrae el consumo que la propia reactivación necesita. La implicancia decisiva, para efectos de seguimiento, es que el informe es no vinculante: su peligro o su inocuidad dependerá de cuáles de las 22 propuestas el gobierno convierta en proyectos de ley y con qué contenido. Por eso el momento a vigilar no es el informe en sí, sino su traducción legislativa, que el gobierno ya inició con la Sala Cuna y los contratos por hora.