Anunciado por el presidente Kast en su Cuenta Pública del 1 de junio como uno de los proyectos emblemáticos de su administración, el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el 15 de junio de 2026. El proyecto, de 29 páginas, crea un registro administrado por el Registro Civil, de carácter público y consultable por cualquier persona que se identifique, así como por tribunales, instituciones del Estado y organizadores de espectáculos masivos, fútbol profesional y casinos.
El proyecto distingue 33 conductas divididas en dos grupos. Los "actos vandálicos" (delitos, 23 conductas) van desde hechos de extrema gravedad —homicidio de un carabinero, fiscal o defensor público, incendio, uso de artefactos explosivos— hasta otros de definición más difusa, como la realización no autorizada de rayados o dibujos en bienes públicos o privados, o la interrupción de la libre circulación en la vía pública. Las "incivilidades" (faltas, 10 conductas) incluyen el consumo de alcohol en la vía pública, la elaboración de alimentos sin patente municipal, y el uso del transporte público sin pagar la tarifa.
El rasgo que distingue a esta medida es que la sanción no es solo penal. Quienes queden inscritos —tras condena firme y ejecutoriada— enfrentan hasta 15 sanciones administrativas adicionales, entre ellas la prohibición de postular a programas habitacionales y al subsidio de arriendo, la retención de la devolución de impuestos, la inhabilitación de pases rebajados de transporte (como la Tarjeta Nacional Estudiantil), la prohibición de renovar el pasaporte o la licencia de conducir, y la pérdida de la pensión de gracia. Para 14 "actos vandálicos especialmente graves", se suma la suspensión de la gratuidad universitaria y de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Los plazos de permanencia en el registro son de cinco años para los delitos graves (dos años en el caso de menores de edad) y un año para las incivilidades, con aumentos por reincidencia. En la misma sesión de ingreso, el diputado Luis Cuello (PC) presentó una reserva de constitucionalidad, lo que obligará al Tribunal Constitucional a revisar la iniciativa una vez terminada su tramitación en el Congreso.
La medida opera en tres ejes a la vez. Es ruptura simbólica (A) porque materializa la promesa de campaña de "mano dura" frente al vandalismo asociado al estallido social. Es desmantelamiento (B) porque convierte derechos sociales de carácter universal —gratuidad, PGU, subsidio de arriendo— en beneficios condicionados a la conducta, alterando su naturaleza. Y es concentración de poder (C) porque crea un mecanismo administrativo de castigo que se suma al sistema judicial.