La noche del 1 de junio de 2026, tras su primera Cuenta Pública, el presidente Kast y el ministro de Hacienda Jorge Quiroz firmaron un proyecto de ley que solicita al Congreso autorización para aumentar el techo de endeudamiento de la Ley de Presupuestos 2026 en US$6.200 millones. El Ejecutivo justificó la medida en que el déficit proyectado al cierre del ejercicio fiscal sería superior al contemplado en el presupuesto, a diferencias derivadas del tipo de cambio, y a cerca de US$1.500 millones en compromisos de pago pendientes con proveedores del Estado. El proyecto ingresó con suma urgencia, con plazo de vencimiento el 8 de julio.
El 7 de julio de 2026, en su segundo trámite, el Senado aprobó la iniciativa con 28 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención, superando el quórum especial de 26 votos requerido. Con ello, el proyecto quedó despachado para convertirse en ley. El ministro Quiroz valoró la aprobación como "una señal de responsabilidad", al permitir financiar un presupuesto "que se aprobó el año pasado, pero estaba con financiamiento incompleto".
Lectura política. La aprobación de este endeudamiento expone la principal tensión del programa económico del gobierno. Durante sus primeros meses, la administración justificó una batería de recortes —cerca de $1,12 billones— apelando a una situación fiscal crítica heredada. Sin embargo, menos de cuatro meses después obtuvo autorización para endeudarse por un monto casi equivalente al ahorro perseguido con esos mismos recortes. Esto sugiere que el ajuste no respondió a una imposibilidad fiscal absoluta, sino a una decisión sobre el destino de los recursos: se recortó en programas sociales y servicios, mientras se abría espacio fiscal para sostener la rebaja tributaria corporativa contenida en la Ley Miscelánea.
La medida tiene implicancias que trascienden el ejercicio 2026. Al elevar el techo de endeudamiento, compromete la trayectoria de la deuda pública de los próximos años y acerca al país al umbral prudencial del 45% del PIB, en un contexto donde la propia reforma tributaria del gobierno proyecta mantener el balance fiscal en déficit hasta comienzos de la próxima década. El costo político tampoco fue menor: la votación dividida (28-15-1) y el reconocimiento del propio ministro Quiroz de que era "lo que más le había dolido firmar" muestran que el endeudamiento tensionó incluso a sectores oficialistas, y deja instalada una contradicción difícil de sostener en el relato de "responsabilidad fiscal" con que el gobierno justificó sus primeras decisiones.