Descripción. El gobierno implementó un plan de ajuste fiscal en tres capas. La primera (Oficio Circular N°12, 16 de marzo) instruyó una rebaja transversal de 3% a todos los ministerios. La segunda (decretos sectoriales, marzo–abril) materializó el recorte en $1,28 billones a través de 17 carteras: Salud perdió $413.000M, Vivienda $200.000M, Educación $197.700M y Trabajo $141.000M. La tercera (Oficio Circular N°16, 21 de abril) proyectó el ajuste al Presupuesto 2027, proponiendo descontinuar 142 programas y ajustar otros 260. Ninguna de estas tres capas pasó por el Congreso. La controversia forzó retrocesos parciales: el gobierno descartó el recorte a la alimentación escolar JUNAEB y precisó que la eliminación de la franquicia Sence no implica el cierre de la institución sino el fin de un gasto tributario que beneficiaba al 98% a grandes empresas. El Decreto 333 (Salud) se mantiene vigente pese al rechazo unánime de la Comisión de Salud del Senado.
Puntos clave
El ajuste ejecutado por decreto suma $1,28 billones en 17 ministerios (USD 1.434 millones). Cultura registra el mayor recorte porcentual (9,8%), más de tres veces lo instruido.
El Oficio 16 propuso descontinuar 142 programas (incluidos JUNAEB-PAE, PACE, prevención del suicidio, PGU). Tras la polémica, Kast descartó el recorte al PAE y Quiroz matizó que "descontinuar es más bien reformular". El PAE se mantiene; los demás programas siguen en evaluación.
La franquicia Sence no fue eliminada por decreto sino incluida en la Ley Miscelánea (en tramitación). El Sence como institución se mantiene; lo que se elimina es el beneficio tributario. El gobierno estudia financiar vía presupuesto a fundaciones que capacitan personas vulnerables.
Los tres instrumentos administrativos operan sin aprobación del Congreso, mientras que la rebaja tributaria que financian (Ley Miscelánea, Impuesto de Primera Categoría de 27% a 23%) sí requiere ley.
La Editorial del Radar...
El plan de ajuste fiscal es la pieza que conecta todas las medidas económicas del primer trimestre: los recortes administrativos (Oficios 12 y 16, decretos) generan el espacio fiscal que la Ley Miscelánea necesita para financiar la rebaja tributaria corporativa. Vistos por separado, cada instrumento parece una medida técnica de austeridad; vistos en conjunto, constituyen un programa fiscal coherente cuyo efecto neto es transferir recursos desde gasto social hacia beneficios tributarios para grandes empresas e inversionistas. La secuencia de instrumentos es deliberada: lo que recorta se ejecuta por vía administrativa rápida (sin Congreso); lo que beneficia requiere ley y se tramita con suma urgencia. Las retractaciones parciales (JUNAEB, Sence) muestran que la presión comunicacional y la movilización social funcionan como arena de respuesta, pero los decretos sectoriales — que son los que efectivamente cortan recursos — se mantienen vigentes. La arena parlamentaria tiene un rol político relevante (rechazo unánime del Senado en salud, citación de Quiroz para el 4 de julio) pero no vinculante frente a los decretos.