El 5 de mayo de 2026, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) publicó la Resolución N°685, que llama al primer proceso de selección de subsidios DS49 para comités de vivienda a nivel nacional. La resolución dejó en evidencia un ajuste presupuestario de mayor profundidad que el anticipado por el sector: el presupuesto asignado al primer llamado alcanzó las UF 6,3 millones, frente a las UF 15,8 millones del primer llamado de 2025, una caída cercana al 60%.
El DS49, formalmente Fondo Solidario de Elección de Vivienda, es el principal programa habitacional del Estado destinado a familias en situación de vulnerabilidad —hasta el 40% de la Calificación Socioeconómica— que buscan acceder a una vivienda sin endeudamiento hipotecario. Es el mecanismo con que miles de familias organizadas en comités de vivienda esperan resolver su situación habitacional.
El recorte tiene una historia de capas superpuestas que conviene distinguir. El ajuste de la Resolución N°685 se suma a los 20.000 subsidios DS49 que fueron recortados al término del gobierno de Gabriel Boric, y que habían dejado el programa con 13.420 cupos para comités anunciados en febrero. La nueva resolución reduce esa cifra otra vez, a solo 5.000 cupos para todo 2026, una reducción adicional del 73%. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, había advertido esta situación antes de asumir: señaló que cerca del 97% del presupuesto total del Minvu para 2026 ya estaba comprometido por obligaciones y deudas arrastradas de ejercicios anteriores, y al asumir calificó el escenario heredado como una "crisis de proporciones".
La distribución regional del recorte no es homogénea. La Región Metropolitana es la más afectada en términos absolutos, con una caída del 73,4% (de UF 2,8 millones a UF 768 mil). Con bajas en torno al 70% aparecen Los Ríos, Biobío, Tarapacá y Antofagasta. En el resto del país las reducciones fluctúan entre 40% y 60%, con dos excepciones: La Araucanía (33%) y Aysén (13%). El caso de Los Ríos tiene un agravante: la senadora María José Gatica (RN) vinculó el recorte con otra irregularidad regional —más de $60 mil millones que el Serviu de Los Ríos devolvió a la Dipres en diciembre de 2025 por no ejecutar su presupuesto—. Es decir, la región recibe menos recursos este año tras no haber ejecutado los que tenía.
En términos concretos, de las 16.825 unidades aprobadas originalmente a comienzos de año por la Dipres, ahora se estarían validando entre 3.450 y 5.050 viviendas, según el costo final del subsidio por unidad. El Minvu ha reconocido la estrechez presupuestaria pero sostiene que existe margen legal para incrementar progresivamente los cupos a lo largo del año, y mantiene el compromiso formal con el Congreso de llegar a 40.000 subsidios DS49 anuales. Como referencia, en 2025 el primer llamado comenzó con UF 15,8 millones y el ejercicio cerró con cerca de UF 28 millones totales, lo que abre la posibilidad —aunque no la certeza— de que los llamados siguientes compensen parte del recorte inicial. La Comisión de Vivienda del Senado ya exigió respuestas: su presidente, el senador Juan Ignacio Latorre, calificó los recortes como una decisión de enorme impacto social adoptada administrativamente, sin debate parlamentario ni consulta a las familias organizadas.
El recorte al DS49 comparte el patrón de fondo del Decreto 333 en salud: una reducción de alto impacto social ejecutada por la vía administrativa —una resolución exenta—, sin debate parlamentario ni consulta a los afectados. Su consecuencia más directa recae sobre las familias más pobres del país, precisamente el segmento que el DS49 está diseñado para atender: familias sin capacidad de endeudamiento hipotecario que dependen íntegramente del subsidio estatal para acceder a una vivienda. Para ellas, la caída de cupos —de más de 16.000 unidades proyectadas a un rango de entre 3.450 y 5.050— no significa un trámite más lento, sino años adicionales de espera en condiciones de allegamiento, arriendo informal o hacinamiento, con el costo social y familiar que eso implica.
El efecto se concentra territorialmente de un modo que agrava la desigualdad regional. Que la Región Metropolitana, Los Ríos, Biobío, Tarapacá y Antofagasta absorban caídas en torno al 70% implica que el ajuste golpea con más fuerza donde el déficit habitacional y las listas de comités de vivienda son más extensos, profundizando brechas territoriales preexistentes en el acceso a la vivienda. A ello se suma un efecto de segundo orden sobre el empleo: la vivienda social sostiene una industria constructora intensiva en mano de obra, y una caída abrupta de subsidios reduce los proyectos en desarrollo, contrayendo el empleo del sector en un momento de desocupación ya elevada. Así, una medida presentada como ajuste presupuestario tiene consecuencias que se extienden desde el derecho a la vivienda de los más vulnerables hasta la actividad económica y el empleo regional, revelando que los recortes a la inversión social rara vez se contienen en la línea presupuestaria donde se aplican.