Durante su primera Cuenta Pública ante el Congreso, el 1 de junio de 2026, el presidente José Antonio Kast anunció una reforma a la Ley Indígena 19.253 orientada a eliminar las restricciones que hoy protegen las tierras indígenas. El eje del anuncio es permitir que cualquier integrante de una comunidad pueda arrendar e hipotecar sus tierras "en iguales condiciones que cualquier chileno". El mandatario justificó la medida sosteniendo que la política de tierras aplicada hasta ahora "ha demostrado ser ineficiente y desconectada de las necesidades reales de las comunidades", y afirmó que "hay muchas tierras entregadas, pero que no están siendo utilizadas".
El anuncio incluyó tres componentes adicionales. Primero, la reformulación del proceso de consulta indígena sobre un nuevo sistema de tierras —que, según Kast, el gobierno anterior "abandonó sin resultados"—, garantizando un proceso "legítimo y libre de interferencias de quienes promueven la violencia o actúan de mala fe". Segundo, la reorganización del sistema de compra de tierras mediante tasaciones "transparentes a valor de mercado" y con trazabilidad. Tercero, el otorgamiento de derechos de uso y goce individuales sobre tierras entregadas a comunidades, con el objetivo de que las familias puedan postular a subsidios habitacionales y otros beneficios del Estado. La Cuenta Pública no entregó plazos ni el detalle legislativo del contenido, y el proyecto aún no ingresa al Congreso.
La reforma toca el núcleo de la Ley 19.253, promulgada en 1993, que creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y estableció un régimen especial de protección: las tierras indígenas no pueden venderse a personas no indígenas, no pueden ser embargadas, solo pueden enajenarse entre personas o comunidades de una misma etnia, y las tierras comunitarias no pueden arrendarse a terceros ni entregarse en comodato. La constitución de hipotecas u otras cargas requiere autorización de la Conadi. Son precisamente esas salvaguardas las que la reforma busca levantar.
El anuncio generó rechazo desde las comunidades y advertencias de especialistas. Gerardo Zúñiga, antropólogo y exsecretario ejecutivo de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, sostuvo en una columna que la propuesta es "una de las más preocupantes en materia de derechos de los pueblos indígenas desde el retorno a la democracia", y recordó que el régimen protector de 1993 no es un privilegio sino una salvaguarda destinada a impedir que se repitan los mecanismos que, durante más de un siglo, hicieron posible el despojo territorial. El dirigente mapuche Danko Mariman, de la coordinación de comunidades Txawun Temuko, criticó que "otra vez los winka quieren decidir sobre el territorio mapuche" bajo la retórica de la igualdad. Diversas organizaciones advirtieron además que, por mandato del Convenio 169 de la OIT, cualquier reforma en esta materia requiere consulta previa, libre e informada a las comunidades.
La reforma tiene implicancias que van al corazón de la protección territorial indígena. El régimen especial de la Ley 19.253 —inalienabilidad, inembargabilidad, restricción de arriendo e hipoteca— fue diseñado como respuesta histórica al despojo de tierras que documentó la Comisión de Verdad Histórica. Levantar esas restricciones, aun bajo el lenguaje de la "libertad económica" y la "igualdad de condiciones", abre la puerta a que las tierras indígenas ingresen a las lógicas de mercado, con el riesgo —advertido por la experiencia internacional— de concentración de la propiedad, pérdida de control territorial y debilitamiento del carácter colectivo de las comunidades. El argumento de la igualdad ("en iguales condiciones que cualquier chileno") desconoce que la protección diferenciada existe precisamente porque hay una relación histórica de desigualdad: tratar igual a partes desiguales tiende a favorecer a quien tiene mayor poder de negociación, que en este caso no son las comunidades.
Un segundo eje de implicancias recae sobre el proceso de consulta. La reforma requiere, por el Convenio 169 de la OIT, una consulta previa a los pueblos indígenas; sin embargo, el gobierno anunció simultáneamente que reformulará ese mismo proceso de consulta y lo depurará de "interferencias", lo que plantea la pregunta de si la consulta se diseñará de un modo que condicione su resultado. La arena DDHH internacional es central por esta razón: el estándar del Convenio 169 es vinculante y su cumplimiento será el principal terreno de disputa jurídica. Finalmente, el anuncio se enmarca en una agenda más amplia para la Macrozona Sur que combina el componente de tierras con un fuerte énfasis securitario y militar —"La Araucanía no será más refugio de terroristas"—, lo que vincula esta medida con el enfoque de seguridad del gobierno para el conflicto en el territorio mapuche.