Del Parlamento al TC: la megarreforma cierra su tramitación con 12 artículos impugnados

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• 16 jul 2026La Sala del Senado aprueba la invariabilidad (25-23, abstención de Araya). Castro (PS) y Pascual (PC) hacen reserva de constitucionalidadSenado
• 20 jul 2026La oposición presenta requerimientos al TCSenado

La implicancia de fondo de esta norma es que limita la soberanía fiscal de los futuros gobiernos: una decisión tomada hoy amarra las condiciones tributarias de las grandes inversiones por hasta 20 años, es decir, más allá de varios períodos presidenciales. Esto constituye una restricción material a la capacidad de administraciones venideras —de cualquier signo— para modificar la política impositiva sobre los actores económicos de mayor tamaño, aun cuando el escenario económico o las necesidades del país cambien. La oposición sostuvo, además, que la rebaja no tiene garantía alguna de traducirse en mayor inversión efectiva, de modo que el Estado resigna capacidad recaudatoria a cambio de una promesa incierta. El recorrido legislativo de la norma —aprobada por márgenes mínimos, en votaciones estrictamente divididas y con reservas de constitucionalidad presentadas en el acto— confirma que se trata de una de las disposiciones sin consenso transversal, sostenida solo por la mayoría justa del oficialismo. Con el despacho del proyecto por el Congreso, la disputa se desplaza al Tribunal Constitucional: el requerimiento de la oposición convierte a esta norma en uno de los focos de judicialización más probables del proyecto, y su destino ya no depende del voto parlamentario sino de si el TC estima que blindar por dos décadas las condiciones tributarias de una parte de los contribuyentes es compatible con el principio de igualdad ante la ley.

• 8 jul 2026Senado despacha los artículos ambientales Senado

La implicancia estructural de esta norma es que traslada el riesgo ambiental desde el titular del proyecto hacia el Estado. En el diseño actual del SEIA, si una RCA es anulada judicialmente —por ejemplo, por haberse otorgado con deficiencias en la evaluación de impactos—, la pérdida la asume el inversionista. La megarreforma invierte esa lógica: sería el Estado, con recursos públicos, quien indemnice al titular. El efecto práctico es un desincentivo a la anulación judicial de permisos ambientales mal otorgados, porque cada anulación tendría un costo fiscal directo, y una presión implícita sobre los tribunales ambientales a la hora de fallar. Sumado a la reducción de los plazos de impugnación y a la exención de evaluación ambiental para relocalizar concesiones acuícolas, el conjunto debilita las herramientas de control ambiental y de participación ciudadana, con consecuencias de baja reversibilidad ecológica: los proyectos ejecutados al amparo de este régimen pueden generar daños permanentes que ninguna indemnización posterior puede reparar. Que el gobierno haya moderado plazos y mantenido la supervisión del SEIA sobre acuicultura muestra que la resistencia de las organizaciones ambientales tuvo efecto, pero el núcleo —la indemnización con cargo al erario— se mantuvo intacto. Con la tramitación cerrada en el Congreso, el capítulo ambiental es uno de los frentes que la oposición llevó al Tribunal Constitucional, y su desenlace dependerá de si el TC considera que obligar al Estado a compensar decisiones judiciales sobre proyectos mal evaluados es compatible con el mandato constitucional de protección del medio ambiente.