El eje tributario es el componente central de la Ley Miscelánea —formalmente Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social— y el que el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha definido como su "corazón". Consiste en la rebaja gradual del impuesto de primera categoría (IDPC) que pagan las empresas, desde el 27% actual al 23%, que comenzará a regir a partir del año comercial 2029, acompañada de la reintegración del sistema tributario. La justificación oficial es incentivar la inversión, el empleo y el crecimiento, con la meta de alcanzar un crecimiento del 4% hacia 2030.
El componente tuvo una tramitación accidentada. En su paso por la Cámara, la Comisión de Hacienda lo aprobó tras una sesión que se extendió hasta las 5 de la madrugada. En el Senado, el Ejecutivo intentó rebajar la tasa incluso a 22% —un punto menos que el 23% original—, pero debió retirar esa indicación el 10 de julio tras un quiebre con el PPD en torno a la invariabilidad tributaria, en un episodio que la prensa describió como "la voltereta de Quiroz". Finalmente, la madrugada del 16 de julio, tras una sesión que se extendió hasta las 2:40 AM, la Sala del Senado aprobó la rebaja del corporativo y la reintegración por 26 votos a favor y 24 en contra, un margen mínimo. El proyecto completo volvió a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional.
La implicancia central de esta medida es que compromete de forma permanente los ingresos tributarios del Estado a cambio de un crecimiento futuro que el Consejo Fiscal Autónomo ha calificado de incierto: el propio informe financiero del gobierno reconoce que el efecto fiscal neto del proyecto será negativo al menos hasta 2031, tornándose positivo recién desde 2035. En un contexto donde el gobierno recortó cerca de $1,12 billones en gasto social y aumentó la deuda pública en US$6.200 millones, la rebaja del impuesto corporativo cierra un círculo que la oposición ha señalado con insistencia: los recortes y el endeudamiento generan y cubren el espacio fiscal que la baja de impuestos a las empresas consume. La senadora Karol Cariola lo sintetizó al sostener que el proyecto "enmascara a nombre de la reconstrucción una reforma tributaria que está hecha para favorecer a los mismos de siempre". El margen estrechísimo de aprobación (26-24) y la ausencia de una mayoría amplia —que la propia presidenta del Senado, Paulina Núñez, había advertido como deseable— revelan que la medida se aprobó sin consenso transversal, lo que anticipa su judicialización ante el Tribunal Constitucional.