Entre los componentes ambientales de la Ley Miscelánea, el más observado por el mercado y las organizaciones ambientales es la norma que obliga al Estado a indemnizar a los titulares de proyectos cuando se anule o se deje sin efecto una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) ya aprobada. La Comisión de Medio Ambiente del Senado despachó los artículos ambientales el 7 y 8 de julio, tras más de 200 indicaciones.
Durante la tramitación el Ejecutivo moderó varios aspectos frente al texto original. El plazo para que los órganos del Estado procesen la invalidación de autorizaciones sectoriales, que en el proyecto original bajaba de dos años a seis meses, quedó finalmente en un año —un camino intermedio—. La entrada en vigencia de la indemnización se acotó: solo aplicará a las RCA otorgadas y anuladas después de publicados los reglamentos respectivos (tres meses desde la ley), en lugar de operar retroactivamente desde el 21 de abril. Y en materia de concesiones acuícolas, el proyecto original eliminaba la obligación de que su relocalización pasara por el SEIA; las nuevas enmiendas mantienen esa supervisión y exigen plan de abandono y cierre, regulando solo excepciones para micro-relocalizaciones que no ingresen a áreas protegidas.
La implicancia estructural de esta norma es que traslada el riesgo ambiental desde el titular del proyecto hacia el Estado. En el diseño actual del SEIA, si una RCA es anulada judicialmente —por ejemplo, por haberse otorgado con deficiencias en la evaluación de impactos—, la pérdida la asume el inversionista. La megarreforma invierte esa lógica: sería el Estado, con recursos públicos, quien indemnice al titular. El efecto práctico es un desincentivo a la anulación judicial de permisos ambientales mal otorgados, porque cada anulación tendría un costo fiscal. Sumado a la reducción de los plazos de impugnación, el conjunto debilita las herramientas de control ambiental y de participación ciudadana, con consecuencias de baja reversibilidad ecológica: los proyectos ejecutados al amparo de este régimen pueden generar daños permanentes. Que el gobierno haya moderado los plazos (de 6 meses a un año) y mantenido la supervisión del SEIA sobre acuicultura muestra que las críticas tuvieron efecto, pero el núcleo —la indemnización con cargo al Estado— se mantuvo.