El gobierno ingresó con suma urgencia un proyecto que amplía el ciclo de cálculo de la jornada de 40 horas y crea un régimen especial para el sector turismo. La discusión pública se instaló primero como una propuesta para el turismo, pero el articulado modifica también el régimen general de todos los trabajadores. La jornada máxima ordinaria semanal no cambia, pero la distribución del tiempo de trabajo se flexibiliza en favor del empleador. Las exministras Camila Vallejo y Jeannette Jara, autoras de la ley original, cuestionaron que la iniciativa debilita el espíritu de la reforma que ellas impulsaron.
El Congreso aprobó el proyecto que autoriza al gobierno a elevar la deuda pública en US$6.200 millones para 2026. La iniciativa —firmada por el ministro Quiroz con el reconocimiento de que era "lo que más le había dolido firmar"— cubre un déficit mayor al presupuestado y cerca de US$1.500 millones en pagos pendientes a proveedores del Estado. El monto de nueva deuda es casi idéntico al ajuste fiscal que el propio gobierno buscaba con sus recortes.
Ante un desempleo del 9,4% —con el femenino en 10,5% y el juvenil en 22,8%—, el gobierno convocó una mesa de nueve expertos presidida por el economista David Bravo, que el 30 de junio entregó un informe con 22 propuestas. Junto a medidas de cuidados y subsidios al empleo, el paquete concentra su núcleo más controvertido en la flexibilización de la regulación laboral: ampliar el margen de la jornada, reemplazar la indemnización por años de servicio, sumar causales de despido y permitir la reducción unilateral de horas y salarios en crisis. La CUT lo denunció ante la OIT como "una agenda encubierta de un nuevo plan laboral".
El gobierno ingresó indicaciones para destrabar el proyecto de Sala Cuna Universal, que busca eliminar la barrera del artículo 203 del Código del Trabajo —vigente desde 1917— que obliga a proveer sala cuna solo a empresas con 20 o más trabajadoras. El diseño elimina la obligación directa de las empresas y crea un fondo financiado con una cotización del empleador de 0,35%, pero compensada con una rebaja equivalente de su aporte al Seguro de Cesantía. La fórmula despertó críticas sindicales que la califican como un financiamiento "a costa de los propios trabajadores".
Entre marzo y abril de 2026, Hacienda ejecutó recortes por $1,28 billones en 17 ministerios mediante decretos y oficios circulares que no pasaron por el Congreso. Salud perdió $413.000M, Vivienda $200.000M, Educación $197.700M y Trabajo $141.000M. El ahorro fiscal liberado sostiene la rebaja tributaria corporativa propuesta en la Ley Miscelánea.
La megarreforma elimina la franquicia tributaria del Sence, un beneficio de capacitación que, según Hacienda, aprovechan mayoritariamente las grandes empresas. El gobierno proyecta un ahorro de más de $287 mil millones. La norma fue rechazada en la Comisión de Hacienda de la Cámara junto con el artículo de propiedad intelectual, y su destino final sigue abierto en el Senado.
El componente tributario de la Ley de Reconstrucción Nacional —rebaja del impuesto de primera categoría del 27% al 23% y reintegración del sistema— fue aprobado por el Senado el 16 de julio por el estrecho margen de 26 votos contra 24. Definido por el propio gobierno como el "corazón" del proyecto, el Ejecutivo lo presenta como motor de inversión y empleo; la oposición sostiene que enmascara una reforma tributaria a favor de las grandes empresas, financiada con los recortes al gasto social.
Uno de los componentes más disputados de la Ley Miscelánea permite a las grandes inversiones firmar un contrato que congela sus condiciones tributarias por hasta 20 años, blindándolas de cualquier reforma futura. El Senado lo aprobó el 16 de julio por 25 votos contra 23, tras un quiebre entre el gobierno y el PPD que casi descarrila el acuerdo. El PS y el PC anunciaron requerimiento al Tribunal Constitucional por considerar que la norma limita la soberanía tributaria de los próximos gobiernos.
