El 31 de julio de 2026, el Ministerio del Medio Ambiente sometió a consulta pública una modificación al reglamento del SEIA que eleva los umbrales de ingreso al sistema, de modo que ciertos proyectos de minería, inmobiliarios y de prospección dejen de pasar por evaluación ambiental. Según el análisis de FIMA, con los nuevos umbrales más de 600 proyectos ya tramitados habrían quedado fuera de evaluación. La consulta pública cerró el 11 de septiembre. Es un cambio por la vía administrativa, distinto del proyecto de ley de reforma al SEIA que el gobierno tramita en el Congreso.
El componente ambiental más polémico establece que, si un tribunal anula una Resolución de Calificación Ambiental ya otorgada, el Estado deberá indemnizar al titular del proyecto. Sumado a la reducción de plazos para impugnar permisos, invierte la lógica del sistema de evaluación ambiental: el riesgo de un proyecto mal evaluado pasa a soportarlo el erario público. Tras las críticas, el gobierno moderó algunos plazos, pero mantuvo el núcleo de la indemnización.
El Ministerio de Vivienda publicó la Resolución N°685, que reduce en cerca de 60% el presupuesto del primer llamado 2026 del DS49 —el principal subsidio habitacional del Estado para familias vulnerables sin acceso a crédito hipotecario—. El recorte, ejecutado por vía administrativa sin debate parlamentario, deja el programa con 5.000 cupos para todo el año, muy por debajo de los 40.000 comprometidos, y golpea con especial dureza a la Región Metropolitana, Los Ríos, Biobío, Tarapacá y Antofagasta.
El 12 de marzo de 2026, un día después de asumir, el gobierno retiró 43 decretos supremos del Ministerio del Medio Ambiente que estaban en toma de razón en la Contraloría, el paso previo a su entrada en vigencia. Entre ellos hay decretos que crean parques nacionales, el que declara monumento natural al pingüino de Humboldt, reglamentos para implementar el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y metas de reciclaje de la Ley REP. El Ministerio lo describió como una revisión habitual de inicio de gestión; la crítica apunta a que congela instrumentos con años de tramitación, participación ciudadana y beneficios sanitarios comprobados.
