El gobierno presentó ante la Comisión de Ciencia de la Cámara un diagnóstico crítico de Becas Chile y los lineamientos de su reformulación desde 2027. La propuesta concentra las becas en áreas estratégicas definidas por el Ejecutivo (inteligencia artificial, ingeniería, astronomía, cambio climático), refuerza el seguimiento y la retribución de los becarios, y se apoya en un informe que declara el programa insostenible en su forma actual. En paralelo, se mantiene suspendida la convocatoria 2026 de magíster y postdoctorado en el extranjero.
El gobierno ingresó al Congreso, con suma urgencia, un proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE) para permitir que los establecimientos vuelvan a seleccionar a un porcentaje de sus estudiantes según criterios de mérito. Presentada bajo la bandera de la "libertad de elección" y el fin de la "tómbola", la reforma reabre el debate sobre la selección escolar que la Ley de Inclusión de 2015 había eliminado, y que la oposición y expertos advierten como un riesgo de mayor segregación.
El proyecto de seguridad escolar impulsado tras el asesinato de una inspectora en Calama completó su tramitación en tiempo récord y fue despachado a ley el 2 de junio. Sin embargo, el 23 de junio el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales sus artículos más controvertidos: el condicionamiento de la gratuidad universitaria a no tener condenas, y la facultad de la policía para revisar a estudiantes sin orden de un fiscal. La ley se promulgará sin su componente más punitivo.
Como parte de su Plan de Reconstrucción Nacional, el gobierno reactivó a través de la Tesorería General de la República el cobro de las cuotas morosas del Crédito con Aval del Estado. El gobierno prometió ir solo por los "deudores ricos", pero la ejecución alcanzó a sectores medios: 63 mil personas notificadas, embargos de cuentas bancarias y una recaudación que, según cálculos de prensa, se disparó cerca de un 300% en los primeros meses de 2026.
