Hay motores que rugen sin mover la máquina: consumen energía, producen ruido y transmiten una impresión de potencia, aunque giran en neutro, sin llevar esa fuerza a ninguna rueda. Algo semejante le ocurre a un gobierno cuando deja de medir su poder por la realidad que transforma y comienza a medirlo por la intensidad de las señales que envía.
El Gobierno prepara una reforma constitucional para fortalecer la seguridad pública y evitar nuevos ‘traspiés’ ante el Tribunal Constitucional. La palabra resulta reveladora. Algunas disposiciones de Escuelas Protegidas, entre ellas la pérdida de la gratuidad educacional, fueron declaradas inconstitucionales. Como sanciones semejantes reaparecen en el Registro de Vándalos e Incivilidades, La Moneda pretende obtener una habilitación constitucional que permita aplicarlas de todos modos.
No hace falta defender la trayectoria ni el diseño del Tribunal Constitucional para advertir el problema. La pregunta es anterior y más sencilla: ¿qué evidencia permite sostener que retirar derechos sociales disminuye la violencia?
Los datos muestran otro camino. Chile alcanzó en 2022 el punto más alto de homicidios en décadas, con 1.330 víctimas; desde entonces, mientras los ingresos por pasos no habilitados en la frontera norte disminuían a la mitad y la violencia rural en la Macrozona sur caía más de un 80%, los homicidios bajaron hasta 1.091 en 2025 y siguieron cediendo otro 13% durante el primer semestre de 2026. La reducción es tan profunda en el sur que permite discutir algo antes impensable: cómo desescalar el estado de excepción sin desmontar las capacidades que la hicieron posible.
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