El 5 de agosto de 2026, veinticuatro horas después de que el Senado cerrara la tramitación de la megarreforma, el Presidente Kast presentó en cadena nacional la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. Al día siguiente, el Ministerio de Seguridad Pública detalló su composición: 19 proyectos ya en tramitación que el Ejecutivo prioriza, 9 proyectos nuevos y una reforma constitucional. La agenda quedó radicada en el Ministerio de Seguridad, a cargo de Martín Arrau.
El paquete apunta a endurecer el marco penal y ampliar las atribuciones de seguridad. Entre sus contenidos declarados: convertir la pertenencia a una organización criminal en un delito autónomo con penas agravadas, establecer regímenes penitenciarios especiales para quienes dirigen bandas desde la cárcel, crear una nueva agencia estatal para el decomiso y destrucción de bienes, modificar la Ley Antibarricadas y ampliar las atribuciones policiales en zonas fronterizas.
La implicancia central es de agenda antes que de norma singular. El anuncio se hace en cadena nacional en la ventana inmediata al cierre del frente económico, y Kast lo acompaña de una definición política explícita: descarta una agenda valórica y declara que los ejes del gobierno son seguridad, economía y empleo. Leído desde el Radar, es concentración de agenda en estado puro: cerrado un frente, la fuerza legislativa se traslada íntegra al siguiente, esta vez con el poder punitivo del Estado y las atribuciones de las fuerzas de seguridad como materia. El riesgo no es homogéneo y debe seguirse por norma, porque el paquete mezcla iniciativas de alcance muy distinto, desde una reforma constitucional hasta ajustes legales acotados. Los frentes de control son el Congreso y, por las normas de rango orgánico constitucional y por la reforma, el Tribunal Constitucional.