Dentro de la ACOT, la reforma constitucional es la pieza de mayor jerarquía normativa. Según lo detallado por el gobierno, contempla incorporar la seguridad pública como deber del Estado en el artículo 1 de la Constitución y establecer un listado de organizaciones criminales y terroristas. Las fuentes mencionan tres ejes, pero solo detallan dos: el tercero no está especificado y queda por confirmar con el texto del proyecto. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, la describió como una reforma acotada, en tres ejes, orientada a entregar nuevas atribuciones en seguridad.
El proyecto contiene ocho modificaciones constitucionales. Entre las conocidas: incorporar la seguridad pública como deber del Estado; crear un registro de organizaciones criminales y terroristas; facultar al Presidente para declarar a una agrupación como organización terrorista o de crimen organizado, previo informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional; restringir prestaciones sociales a condenados por crimen organizado; y crear un nuevo estado de excepción de seguridad pública de hasta 240 días, 120 prorrogables por otros 120, que restringiría desplazamiento, reunión, asociación e intervención de comunicaciones. Las tres modificaciones restantes no están detalladas en prensa: por confirmar con el texto. Chile Vamos derivó la reforma a tres comisiones del Senado (Constitución, Defensa y Seguridad) para acotarla.
La implicancia de fondo es doble. En lo jurídico, modificar el artículo 1 exige quórum de reforma constitucional y control del Tribunal Constitucional, y al ser un cambio a la Carta Fundamental su reversibilidad es baja y su horizonte estructural. En lo político, Kast reabre un debate constitucional que la propia derecha había preferido dejar en pausa tras los rechazos de 2022 y 2023, ahora por la vía de una enmienda específica y con apuesta a acuerdos con la oposición. Lo que amerita seguimiento fino es el listado de organizaciones criminales y terroristas y los regímenes penitenciarios diferenciados asociados a la agenda, por las preguntas que abren sobre debido proceso y garantías, materia sobre la que el texto todavía no está a la vista. La clasificación CRÍTICO se sostiene en la combinación de magnitud alta, se toca la Constitución, con baja reversibilidad.