Frente a esa cifra, el Gobierno de José Antonio Kast no ha implementado una sola política de empleo. Ha hecho algo distinto, y más grave: convertir esta cifra en el argumento central para imponer una agenda que nada tiene que ver con la creación de empleos.
Es cierto que el deterioro no nació en 2022. Entre 2013 y 2018 la desocupación saltó de 5,8% a 7,8% y, antes de las restricciones de movilidad que impuso la pandemia, ya alcanzaba 8,2%. Pero que el mal sea antiguo no exime a quien hoy gobierna y decide qué hacer con él. Y lo que este gobierno decidió hacer fue usar el desempleo como llave maestra para abrir una puerta que el empresariado lleva golpeando hace décadas.
Para eso convocó la Mesa de Reactivación Laboral, cuyo informe funciona como blindaje técnico de una decisión ya tomada: hacer retroceder los derechos laborales. Su razonamiento es simple y equivocado: ciertas regulaciones elevan costos de ajuste para la empresa, entonces flexibilizarlas creará empleo. Una conclusión empíricamente cuestionable, además de un error lógico que ningún economista, frente a la evidencia, podría suscribir.
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