Entre marzo y septiembre de 2026 el Ministerio de Justicia firmó 56 decretos que redujeron la condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, 27 por abuso sexual y 29 por violación según la investigación de Radio BioBío. De esos decretos, 22 fueron firmados por el ministro Fernando Rabat, 10 por el entonces subsecretario de Justicia Luis Silva y 1 por el subsecretario de Derechos Humanos Pablo Mira. La misma investigación identificó a 33 personas beneficiadas ya en libertad. Algunos informes de Gendarmería advertían riesgo de reincidencia y ausencia de reconocimiento del delito. La lista de beneficios por rebaja incluyó además a condenados por violaciones a los derechos humanos, a un narcotraficante y a varios homicidas.
El eje de la controversia es un cambio de criterio administrativo. De acuerdo con los cuestionamientos de la oposición y de exautoridades, el Ministerio pasó de rechazar las solicitudes de rebaja a aprobarlas por la vía administrativa, sin esperar una resolución judicial. El propio Rabat sostuvo en un decreto que Justicia no podía rechazar una rebaja por la gravedad del delito, criterio que el subsecretario Silva reconoció de otra forma en un decreto distinto, lo que dejó a la vista una contradicción interna. Ante la Cámara, Rabat afirmó que de 54 decretos dictados bajo el nuevo criterio, 36 tenían recursos de amparo previos, sin precisar cuántos fallos ordenaban conceder la rebaja y cuántos solo pedían revisar la solicitud. El exministro Jaime Gajardo cuestionó que se presentaran ambas situaciones como equivalentes y habló de un retroceso significativo en materia de derechos humanos.
El caso expone un contraste entre el discurso de mano dura del gobierno y una práctica administrativa que rebajó penas a condenados por los mismos delitos que ese discurso promete castigar con más fuerza. La reacción oficial lo profundiza. Ante la filtración de los decretos, el gobierno abrió un sumario para determinar quién los filtró, invocando la protección de datos de las víctimas, en lugar de una revisión pública de las decisiones. Investigar la filtración antes que la decisión desplaza el foco desde la responsabilidad política hacia el control de la información. Kast optó por mantener a Rabat y encargarle corregir el sistema, con lo que la permanencia del ministro pasó a ser, según la oposición y parte del oficialismo, una decisión del propio Presidente.