El 3 de agosto de 2026, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y la directora de la ANID, Alejandra Pizarro, presentaron ante la Comisión de Futuro, Ciencia y Tecnología de la Cámara el primer levantamiento consolidado de Becas Chile desde su creación en 2008, junto con los lineamientos de una reformulación. El diagnóstico oficial calificó el programa como afectado por un problema de diseño y control, con una concentración de riesgo considerada insostenible: 12.589 becas adjudicadas a 11.340 personas por $688 mil millones, de las cuales un 14% registra incumplimiento declarado, equivalente a 1.666 personas, y una deuda asociada del orden de los $92 mil millones.
La reformulación, prevista desde 2027, contempla focalizar las becas en áreas estratégicas definidas por el Ejecutivo (inteligencia artificial, ingeniería, astronomía, cambio climático, tecnología), reforzar el seguimiento del becario desde la adjudicación hasta su inserción laboral, avanzar en descentralización para reducir la concentración de becarios en pocas comunas, y evaluar una posible ampliación a egresados de centros de formación técnica. Se mantiene, además, la suspensión de la convocatoria 2026 para magíster y postdoctorado en el extranjero, mientras los doctorados nacionales e internacionales y los magíster en Chile siguen operando.
La medida tiene dos lecturas que conviene sostener a la vez, sin colapsar una en la otra. Por un lado, el diagnóstico de incumplimientos y deuda es un problema real de gestión del instrumento, y el gobierno lo usa como fundamento. Por otro, la reformulación redefine quién accede a la formación financiada por el Estado y en qué disciplinas: concentrar las becas en áreas que el Ejecutivo declara estratégicas implica una decisión política sobre qué conocimiento se financia y cuál no, con efecto directo sobre ciencias sociales, humanidades y artes, que no aparecen en el listado priorizado. Sumado a la suspensión de la línea de magíster y postdoctorado en el extranjero, el conjunto puede leerse como un estrechamiento del acceso a la especialización avanzada, presentado bajo el marco de la modernización y el control fiscal. La clasificación GRAVE se sostiene en la magnitud, es el principal instrumento estatal de capital humano avanzado, con reversibilidad media, ya que un rediseño y una convocatoria suspendida afectan cohortes completas difíciles de recuperar.