El Presidente Kast presentó en cadena nacional, desde Cerro Castillo, el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, que ingresó al Congreso dentro del plazo constitucional el 30 de septiembre. Es el primer erario elaborado íntegramente por su administración. El gasto total crece 1,5% respecto de lo ejecutado en 2026, medio punto por encima del rango de 0 a 1% que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había fijado como techo, pero aun así el aumento más bajo en cerca de dos décadas, salvo la caída de 2022. La base de cálculo, lo ejecutado y no lo aprobado, es materia de disputa, porque de ella depende si el gasto sube o baja según con qué se compare.
Bajo ese total acotado hay una redistribución marcada. Seguridad crece 9,1%, con cerca de $7 billones; el eje de crecimiento, empleo y reconstrucción concentra $9,5 billones, un 8,1% más, e incluye el plan Chile Despega; Salud sube 4,7%, menos que el 5,7% del presupuesto anterior; y algunos programas de infancia aumentan entre 19% y 165%. En paralelo, el presupuesto convive con la rebaja gradual del impuesto corporativo aprobada en la megarreforma.
La implicancia de fondo es que el presupuesto ordena, en cifras, el conjunto de la agenda: refuerza seguridad, y su alza total acotada obliga a preguntar qué áreas crecen menos o se reducen para financiar esas prioridades. El punto crítico no es solo cuánto crece el gasto, sino cómo se construye ese 1,5%: qué parte es nueva y qué corresponde a compromisos ya en marcha, de dónde salen los recursos, cuánto aumenta efectivamente la inversión pública y cuánto llega a regiones y municipios. Un presupuesto puede crecer en el agregado y, a la vez, redistribuir de forma muy desigual entre territorios. Esas preguntas, más que conclusiones, son las que el articulado y el Informe de Finanzas Públicas deben despejaroi