El proyecto tiene dos capas. En su régimen general, amplía de 4 a 16 semanas el período de referencia para promediar la jornada laboral, tomando como referencia el estándar OCDE de 15 semanas. En su régimen especial para el sector turismo, que incluye hotelería, gastronomía, entretenimiento, casinos y operadores turísticos, ese período se extiende hasta 52 semanas y se aumenta de 8 a 12 los domingos consecutivos trabajables una vez al año. En ambos casos se mantiene el techo de 45 horas ordinarias por semana, y por la vía de negociación colectiva con sindicatos las partes pueden pactar la ampliación del ciclo a 52 semanas también fuera del turismo. El proyecto no altera el calendario de la Ley 21.561 que reduce la jornada semanal a 40 horas en abril de 2028, hoy en 42 horas.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió la iniciativa sosteniendo que "la jornada no se toca, se amplía el ciclo de cálculo", y presentó la reforma como un mecanismo para proteger el empleo en un mercado laboral con 41 meses consecutivos de desocupación sobre el 8%. Las críticas apuntaron en dos direcciones. Las exministras Camila Vallejo y Jeannette Jara, principales impulsoras de la Ley de 40 Horas durante el gobierno anterior, advirtieron que la propuesta puede debilitar el espíritu de la reforma que ellas mismas condujeron. Desde el mundo sindical se objetó la introducción por la puerta lateral de un cambio de alcance general en un proyecto presentado como sectorial, argumento que Cristian Cuevas planteó al sostener que el gobierno "aprovecha el proyecto para el turismo para introducir cambios a la ley de 40 horas".
La implicancia central de esta reforma es que separa la cantidad total de horas trabajadas de su distribución concreta en el tiempo. Aunque el máximo semanal ordinario y el promedio final no varían, ampliar el ciclo de cálculo permite al empleador concentrar semanas de alta carga y compensarlas con semanas más livianas, dentro de un promedio que puede correr hasta por un año. Para el trabajador, esto significa perder previsibilidad sobre cuándo trabaja más y cuándo menos, un cambio que afecta directamente la organización del tiempo personal, familiar y de estudios. La flexibilidad ganada por la empresa se traduce, del lado del trabajador, en una erosión práctica de la certeza horaria que la Ley de 40 Horas había reforzado. El detalle político del proyecto es que su justificación pública se centró en el turismo, pero su régimen general modifica el marco de cálculo para todos los trabajadores del país, lo que llevó a las autoras de la ley original a leer la iniciativa como un debilitamiento progresivo del núcleo de la reforma. Que el proyecto ingrese con suma urgencia justo después del cierre de la Ley Miscelánea consolida la lectura de que la agenda laboral se está tramitando pieza por pieza, sin una discusión de conjunto sobre el modelo de relaciones laborales que estos cambios configuran.