La Ley Miscelánea elimina la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), un instrumento que permite a las empresas descontar de impuestos los gastos en capacitación de sus trabajadores. El gobierno justifica su eliminación en que el 98% del beneficio lo aprovechan grandes empresas y proyecta un ahorro fiscal superior a los $287 mil millones. El ministro Quiroz aclaró ante la Comisión de Hacienda que "el Sence no se deroga, lo que se termina es una franquicia", y el gobierno estudia financiar por vía presupuestaria a las fundaciones de capacitación afectadas.
En la tramitación en la Cámara, la Comisión de Hacienda aprobó el corazón tributario del proyecto pero rechazó las normas sobre Sence y sobre propiedad intelectual, mostrando que incluso en la etapa técnica el proyecto perdió componentes. Su discusión continúa en el Senado.
La eliminación de la franquicia Sence tiene una implicancia ambivalente que la distingue de otros recortes del proyecto. Por un lado, existe un argumento técnico razonable: la franquicia ha sido criticada durante años por su baja efectividad y por concentrarse en grandes empresas, de modo que su eliminación puede leerse como la corrección de un gasto tributario regresivo. Por otro, el ahorro se produce eliminando un instrumento de capacitación sin que esté garantizado un reemplazo equivalente, y afecta a fundaciones que capacitan a personas vulnerables, cuyo financiamiento futuro queda supeditado a una decisión presupuestaria aún no resuelta. El hecho de que la norma haya sido rechazada en la Cámara junto al artículo de IA muestra que la estrategia de empaquetamiento tiene un límite: cuando un componente carece de consenso, arrastra dudas sobre el conjunto. La discusión de fondo —si el Estado debe seguir subsidiando la capacitación vía franquicia o reorientar esos recursos— es legítima, pero queda subordinada a la lógica de ahorro fiscal que domina toda la megarreforma.