El 7 de octubre los ministros Fernando Rabat (Justicia) y José García Ruminot (Segpres) suscribieron con los senadores Pedro Araya y Karim Bianchi, que presiden las comisiones de Constitución y de Seguridad Pública del Senado, una minuta llamada Acuerdo Político por la Seguridad Pública. El documento compromete acelerar la tramitación de 24 proyectos de seguridad que ya están en el Congreso e impulsar 6 leyes nuevas.
Entre los 24 proyectos figuran la legítima defensa privilegiada para policías, el control de identidad por las Fuerzas Armadas durante estados de excepción, el aumento de penas por quebrantamiento de condena, la sanción al reclutamiento de menores por el crimen organizado, varias normas de expulsión y control migratorio, la protección de infraestructura crítica, el juicio oral en ausencia y reformas a la responsabilidad penal adolescente. Las 6 leyes nuevas incluyen una ley orgánica de Gendarmería, una Agencia de Gestión y Liquidación de Bienes Decomisados, la modernización de la PDI, la regulación de audiencias telemáticas para presos de alta peligrosidad y el refuerzo del carácter cautelar de la prisión preventiva.
El valor analítico de la ficha es mostrar la operación de conjunto, no cada proyecto por separado. Aislados, varios de estos proyectos se discuten como respuestas técnicas a problemas puntuales. Reunidos bajo un acuerdo con calendario, revelan una dirección única: ampliación de facultades policiales y militares, endurecimiento de penas y expansión del sistema penitenciario, con poca contraparte de garantías o control. El acuerdo ordena en una hoja de ruta lo que el proyecto constitucional no logró imponer de una vez. Es el patrón de concentración de agenda que el Radar viene registrando, ahora en formato de pacto legislativo.