El conjunto de medidas de seguridad implementadas durante el primer año de gobierno ha recibido amplio respaldo en las encuestas. Sin embargo, un análisis más detenido revela que varias de estas iniciativas operan en zonas grises del derecho constitucional.
La ampliación de facultades a las Fuerzas Armadas en zonas de conflicto, el decreto de estados de excepción en regiones del sur y la creación de registros de vigilancia ciudadana configuran un patrón que merece atención.
Controles institucionales debilitados
La Contraloría ha representado tres de estos decretos por vicios de legalidad. El Congreso, por su parte, ha aprobado las normas de urgencia sin los debates de fondo que requieren. Este es el déficit democrático que denunciamos.
No se trata de cuestionar la seguridad como prioridad —es legítima y necesaria— sino de exigir que se alcance dentro del marco institucional que la propia Constitución establece.